LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN CASARSE SIN PRESENTAR CERTIFICADO MÉDICO

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por unanimidad,
con 344 votos a favor, una proposición de ley para la modificación de la
Ley de Jurisdicción Voluntaria cuyo objetivo es que las personas con
discapacidad puedan contraer matrimonio sin necesidad de presentar un
dictamen médico.

Esta proposición, que fue prese

ntada por el Grupo Parlamentario Popular y
que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, viene motivada por la reforma del Código Civil que
implicó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que,
de haber entrado en vigor a partir del 30 de junio de este año, establecía

que “si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias
mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario
judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite
el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el
consentimiento”.

Tras la modificación que propone la iniciativa aprobada, el artículo 56 del
Código Civil establece que ese dictamen médico solo será necesario “en el
caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare alguna
condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial pueda
impedirle prestar el consentimiento matrimonial”, de manera que ahora hace
mención a cuestiones de salud y no de discapacidad.

En ese caso, antes de tener que solicitar un dictamen médico, la ley
establece una serie de medidas de apoyo, de forma que “el letrado de la
Administración de Justicia, el notario o el funcionario que tramite el acta
o expediente, cuando sea necesario, podrá recabar de las administraciones o
de las entidades de iniciativa social de promoción y protección de los
derechos de las personas con discapacidad, la provisión apoyos humanos,
técnicos o materiales que faciliten la emisión, la interpretación o la
recepción del consentimiento del o los contrayentes”.

Por otra parte, el artículo 58 recoge que “el letrado de la Administración
de Justicia, notario o encargado del Registro Civil oirá a ambos
contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad
y de la inexistencia de cualquier impedimento”, así como que “se podrán
solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no
propuestas por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o
domicilio de los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para
apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio”.

ALTERAR EL ORDEN DE LOS APELLIDOS

Durante el debate, el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez lamentó que esta
proposición de ley, que es la primera tramitada desde la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad, “venga del Senado con la prórroga
de la Ley 20/2011 del Registro Civil posponiendo su completa entrada en
vigor hasta el 30 de junio de 2018”, ya que, a su juicio, le resta
protagonismo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión
para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Ignacio Tremiño, celebró
que entre las enmiendas aprobadas en el Senado se encuentra también que la
“posibilidad de alterar el orden” de los apellidos de los recién nacidos
entre en vigor antes del 30 de junio de este año y así “atendemos a una
demanda social a la que no podemos dar la espalda”.

La mayoría de los grupos parlamentarios coincidieron en recriminar al
Gobierno que esta proposición de ley viene motivada por una “chapuza
legislativa”, que es consecuencia del “rodillo parlamentario” y “una forma
de gobernar basada en mayorías absolutas”.

A este respecto, Tremiño recriminó que ningún grupo parlamentario presentó
enmiendas cuando se aprobó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria, y “nadie se dio cuenta de ese error”, por lo que
“si es una chapuza, como dicen ustedes, es una chapuza de todos”.

“MUY BUENA NOTICIA” PARA EL CERMI

Muchos diputados usaron su turno de palabra para agradecer al Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) su
implicación en el desarrollo de esta proposición de ley.

Este comité aseguró, en declaraciones a Servimedia, que se trata de una
“muy buena noticia” que permite a las personas con discapacidad “seguir
avanzando en el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, entre los
que, por supuesto, se encuentra el poder contraer matrimonio”.

Asimismo, el Cermi celebró que no sólo se ha evitado que el 30 de junio
entrara en vigor la exigencia de un certificado médico para casarse a las
personas con discapacidad sensorial, sino que también se corrige “la
discriminación histórica que sufrían tradicionalmente las personas con
discapacidad intelectual”.

Por último, la entidad destacó que la reforma del Código Civil ha sido
consensuada con el Gobierno y todos los partidos políticos a partir de la
tarea de “incidencia política activa” llevada a cabo por el Cermi.

David Martínez Menayo

Periodista Dpto. Comunicación CNSE